26 agosto, 2005

 

Una pronta condena al dictador

Este designado piensa que es necesaria una rápida condena:

En cualquier momento puede llegar la noticia de que el ex dictador ha entrado en coma o ha fallecido ya. Con sus
89 años y una salud deteriorada, cualquiera en situación similar está direc­tamen­te amenazado por un súbito colapso final.
Pero, en este caso concreto, hay algo que ineludiblemente debe adelantarse a ese final biológico:el final jurídico. El ajuste de sus deudas con la justi­cia.

El designado cree... que la justicia chilena ha demostrado ser capaz de procesar a Pinochet –ya lo ha hecho dos veces-, y ha probado su capacidad para privarle repetidamente de su inmunidad –ya lo ha hecho varias veces más-. Pero,
sobre todo, la justicia chilena viene demostrando algo que ya ha quedado flagrantemente evidenciado en los cinco últimos años:

su penosa, absoluta y radical incapacidad para dar el paso siguiente, es decir, someter al dictadora juicio y condena por sus crímenes, que ya todo el mundo conoce, pero que muchos parecen asumir como imposibles de castigar.

Sin embargo, lo que la sociedad chilena necesita, más aún, lo que la humanidad exige en el caso Pinochet, que a todos nos afecta, es una ejemplar sentencia histórica, condena­toria del viejo general.

Hasta ahora por su edad ha escapado de la cárcel que tanto merece. Pôr lo tanto el designado solicita algo mucho
más importante y mucho más necesario:una sentencia justa, minuciosa, descarnada, que salde riguro­sa­mente la inmensa deuda contraída con las vícti­mas de sus asesinatos y sus atroces torturas.
Una sentencia memorable que recoja en sus considerandos y resultandos todos los horrores ordenados, controlados y prote­gidos por quien alardeaba diciendo: “En Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa”.

Se necesita una sentencia de adecuada magnitud, que nos permita, a la colectividad humana, sentirnos defendidos frente a aquellos sujetos, de cualquier país, raza o creencia, dispuestos a fabricar y mante­ner en funcionamiento una maquinaria aniquiladota de la dignidad humana, capaz de, entre otras cosas, introducir ratas vivas en el sexo de una mujer, y de hacerla mantener relaciones sexuales con su padre y con su hermano, por citar uno de los miles de casos denunciados. Ahí están, para vergüenza de la condición humana, los 28.000 casos registrados y avalados por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, dirigida por monseñor Valech. Maquinaria capaz, igualmente, de crear el instru­mento legal (auto­amnistía) con el que se pretendió garantizar la impunidad de quienes así actuaron.

Por todo ello, el designado entiende que urgen esas dos sentencias imprescindibles.
La primera y principal, por sus críme­nes, secuestros y torturas.
La segunda, por sus refinados latrocinios:fraude fiscal, falsificación de documen­tos, utilización de diez nombres falsos, evasión de capitales a 125 cuentas secretas en el extranjero (según precisa el correspondiente informe del Senado norteameri­cano).
Aunque tales delitos, todos juntos, no sean compara­bles en grave­dad a una sola sesión de tortura contra un solo ser humano, aun así, para constan­cia de la posteridad, resulta justo y necesario añadir judicialmente el pringue económico a la sangrienta crimi­nali­dad. Como alguien ha dicho: “Conocieron sus crímenes, pero creyeron en su honradez”. Aho­ra, a los críme­nes de lesa humanidad se une la más astuta rapacidad. Que quede, pues, para la
Historia, constancia judicial de la catadura del persona­je en todos sus aspectos. Pero que se haga ya. O, de lo contrario, el pájaro –y qué pájaro- volará sin haber sido condenado jamás.
El designado

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